10
Jul
19

UN GOBIERNO PENSADO PARA LAS PERSONAS 

Artículo de opinión publicado en Notocias Obreras, Julio 2019. Javier Madrazo Lavín

Las elecciones generales celebradas el pasado mes de abril y los comicios municipales, autonómicos y europeos que han tenido lugar en mayo han puesto de manifiesto, entre otros aspectos,  la pluralidad de la sociedad española y la consolidación del mapa político más abierto desde la instauración de la democracia, en el que conviven voces distintas, entre ellas la extrema derecha de Vox. Habrá que esperar una legislatura para saber si han venido para quedarse o son un accidente pasajero, que perderá fuerza y capacidad de influencia en los próximos cuatro años. Ojalá. Los discursos de sus representantes suponen un retroceso grave en derechos y libertades, que amenazan conquistas consolidadas que creíamos nadie podría cuestionar en pleno siglo XXI. Lamentablemente, el Partido Popular les ha erigido en sus socios naturales, incluso dándoles entrada en los gobiernos municipales, legitimando de este modo sus posicionamientos más reaccionarios.

Ciudadanos, por su parte, ha sido incapaz de negarse a un abrazo que terminará por ahogarle. Albert Rivera ha caído en una trampa de la que no podrá escapar fácilmente al haber unido sus votos a Vox. Un error que pagará antes o después y del que se beneficiará Casado, que siendo el gran perdedor de las elecciones de abril y mayo ha logrado, contra todo pronóstico, sobrevivir.

La derecha y la extrema derecha han demostrado, una vez más, su capacidad para suscribir acuerdos sin más objetivo que acceder al poder. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han negociado sin problemas de fondo ni diferencias programáticas pactos de gobernabilidad,  allí donde ha sido posible, porque los números lo permitían. La izquierda, mientras tanto, ha tardado en reaccionar, ante el estupor de su base social , en gran medida por el interés del PSOE en esperar un giro de timón de Ciudadanos, cuyo respaldo le garantizaría una cómoda mayoría absoluta y la adhesión del Ibex 35, la monarquía y la casta que existir existe en España, aunque Pablo Iglesias ya no la mencione. 

Pedro Sánchez se resiste al entendimiento con Podemos, pese a que sabe que esta opción es la mejor valorada por su militancia y votantes. Basta recordar las consignas que coreaban en contra de un acercamiento PSOE-Ciudadanos la misma noche electoral en la calle Ferraz. Es cierto que Podemos no atraviesa un buen momento, lastrado por las divisiones en su seno,  ni sus escaños son suficientes para apuntalar un ejecutivo estable, pero es igualmente cierto que suman 42 diputadas y diputados, y han demostrado lealtad;  y por encima de todo, son la formación más sensible a las demandas ciudadanas.

La sociedad española tiene el derecho a recuperar la confianza en la política y en quienes la ejercen. Han sido y son muchos años de frustración, impotencia e indignación, que deberían tocar ya a su fin.  

La crisis económica del año 2008 todavía está presente en nuestras mentes y continuamos aún pagando sus consecuencias. La desigualdad, la precariedad, la pérdida de poder adquisitivo y los recortes en prestaciones y servicios públicos son una realidad que no se puede ocultar, alardeando de una reducción del desempleo, basada en la temporalidad, los bajos salarios y las nuevas formas de esclavitud, que ahora hay quienes llaman empleo en un alarde claro de cinismo y manipulación.  

El PSOE está llamado a liderar un nuevo ciclo y en sus manos está responder a las demandas ciudadanas o darles la espalda. No vale apelar a valores de progreso en campaña y después resistirse al diálogo con quienes están llamados a impulsarlos, por qué no, en un gobierno compartido. No cabe perder tiempo. Nos encontramos en una situación crítica, queramos admitirlo o no,  que requiere unidad de acción entre las sensibilidades de izquierda. No se trata solo de superar el trámite de la investidura. Hace falta un programa que aborde los retos prioritarios del país y, por supuesto, que se cumpla.

El debate sobre la reivindicación de Catalunya del derecho a decidir su futuro, constituye, sin duda alguna, un elemento de fricción importante, que no puede prolongarse sine die. En esta nueva legislatura resulta razonable abogar por un diálogo sereno, responsable y efectivo, que permita  buscar fórmulas que hagan posible alcanzar un  acuerdo, explorando para ello propuestas de corte federal, confederal e incluso  soberanías compartidas, capaces de  satisfacer a todas las partes implicadas.   Persistir en la dinámica de la confrontación y el enfrentamiento estériles, sólo nos conduce a un callejón sin salida, que nos sitúa al borde del precipicio. La política con mayúsculas está obligada a diseñar soluciones y no a perpetuar los problemas.

Las formaciones independentistas deben asumir la pluralidad de sentimientos e identidades en Catalunya, que las hay,  del mismo modo que la sociedad española ha de ser receptiva a las aspiraciones de quienes desean poder decidir su futuro en libertad. En este camino no hay alternativas ni atajos. La democracia, si se quiere, ofrece opciones reales de pacto y convivencia, siempre que haya voluntad de avanzar y no de frenar o retroceder, como ocurre en la actualidad.   Un Estado de corte federal o confederal podría ser un punto de partida interesante, que también daría respuesta a las demandas de otras comunidades autónomas como es el caso de Euskadi, por citar sólo un ejemplo.

Me preocupa, y mucho, que este tema condicione la agenda política y con intención o sin ella, oculte otros debates que inciden directamente en nuestras vidas. Cabría pensar que hay intereses oscuros en focalizar la atención en la pretendida independencia de Catalunya para obviar situaciones graves, como son,  el desmantelamiento del estado del bienestar,  las consecuencias del cambio climático, la igualdad plena entre hombres y mujeres, el sistema público de pensiones y el envejecimiento de la población, la calidad del empleo o el impacto en el mismo de la inteligencia artificial, que destruirá miles de puestos de trabajo en el futuro en España. 

No podemos dar la espalda a éstas y a otras muchas realidades, que antes o después,  se impondrán. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una tarea ingente por delante si pretende ganar respeto y credibilidad. Necesita socios para liderar una nueva etapa y en este punto sus únicos aliados están a su izquierda y en ningún caso a su derecha.  

Por una vez, las formaciones más comprometidas con las personas y con sus sueños han de estar a la altura de las expectativas creadas y demostrar con hechos que el cambio no sólo es deseable sino también posible. 

Javier Madrazo Lavín  

09
Jul
19

POR UN NUEVO RUMBO EN LA IGLESIA DE BIZKAIA

Artículo de opinión Javier Madrazo Lavín Bilbao. Julio de 2019.


Escribo estas líneas desde la inquietud y la preocupación que siento ante las noticias aparecidas en referencia a la apuesta estratégica adoptada por la jerarquía de la diócesis de Bizkaiaen relación a la unificación de toda la estructura diocesana en un equipamiento único, sito en el ensanche bilbaíno.


Actuación que ha sido justificada con razones más económicas o jurídicas que pastorales. Me refiero al proyecto denominado Bizkeliza Etxea o “Sede única”, objeto de contestación ciudadana, que ha generado en muchos sectores de la comunidad cristiana profundas reservas e interrogantes.


Lo hago igualmente desde la convicción de que construcción de la comunidad eclesial es una tarea que nos concierne a todos los creyentes.


Nos encontramos ante una decisión irreversible, adoptada en clave neoliberal, por un círculo reducido, sin el debate y el consenso necesarios, que a última hora se ha querido legitimar, ante los recelos existentes, dándole un barniz participativo.
Un proceso participativo apresurado, acotado en sus términos , sin información suficiente, más testimonial que real, que en nada ha contribuido a mitigar el malestar existente. Lo cuál agudiza la crisis de representación y la desafección hacia unos órganos diocesanos cuyo quehacer no es “recibido” por amplios sectores de la comunidad cristiana.


Dada la envergadura del proyecto se necesitaría una amplia información, un profundo debate y una consulta (real) a todo el pueblo de Dios. Por supuesto, que se debe apostar por la economía de escala y por la optimización de los recursos.
Parece razonable unificar y centralizar ciertos servicios y departamentos diocesanos, fundamentalmente los culturales, educativos o los medios de comunicación.


Ciertamente no tiene mucho sentido tener cuatro bibliotecas dispersas en el territorio. También parece sensato trasladar de Derio al centro de Bilbao a la fundación Labayru facilitando de este modo el acceso de la población a sus servicios de promoción, investigación y difusión de la lengua y cultura vasca. O que Radio Popular o BizkaiaIrratia puedan compartir espacio con esas instituciones si eso supone un ahorro de costes. Esta posición es igualmente válida en los casos de la escuela de Magisterio Begoñako Andra Mari, la librería Jakinbide o el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia. Son todas ellas instituciones que pueden compartir ubicación aprovechando sinergias.


La pregunta que hay que hacerse es si para albergar todas estos organismos es necesario realizar este macro-edificio.
Es sabido que en el centro de Bilbao hay muchos edificios y templos que se están quedando , o se van a quedar, vacíos .

 Inmuebles que sin duda alguna, podrían ser útiles para atender las necesidades esgrimidas por el Obispado, máxime cuando desde un punto de vista de sostenibilidad económica y medioambiental parece más lógico aprovechar la ciudad ya construida que embarcarse en un proyecto urbanístico de la envergadura de Bizkeliza Etxea.


Las reservas se agudizan ante esta operación urbanística, cuando para viabilizarla es necesario llevar de socio a un organismo sanitario privado como es Mutualia. Difícil de asumir para quienes defendemos servicios públicos de calidad, entre ellos la Sanidad.
A este hecho, se une el anuncio de la Universidad de Deusto que tiene previsto inaugurar una nueva facultad de Medicina privada en Zorrozaurre para competir con el campus de Leioa, reconocido por su prestigio y buen posicionamiento. Apuesta que muchos vemos como un fortalecimiento de la sanidad privada, de unos pocos y para unos pocos, frente a la pública, de todos y para todos.


Para poder hacer este debate con solvencia, se necesita disponer de una información, de la que carecemos en la actualidad: situación económica de la diócesis, destino y previsiones de los locales que quedarán vacíos tras el traslado a la llamada “sede única”, así como de los edificios y templos que se prevé cerrar en un futuro cercano. Es urgente socializar y compartir de forma transparente las respuestas a estas cuestiones si verdaderamente se quiere avanzar hacia una Iglesia corresponsable donde el laicado no siga teniendo un papel secundario y subalterno.
Somos muchas las voces que entendemos que la elección de Abando como referente del proyecto Bizkeliza Etxea no es indiferente ni neutro. El lugar social desde el que desempeñar una misión condiciona la imagen, coherencia y credibilidad de quien la realiza. Carece de sentido y constituye un error, pretender centralizar y ubicar en un único edificio todas las instituciones, asociaciones, y movimientos dedicados a la evangelización y al trabajo pastoral, que hoy tienen su referencia en Barria, en pleno corazón del Casco Viejo.


Tampoco se justifica el traslado de Cáritas, organismo dedicado al trabajo en favor de la justicia y de los sectores más desfavorecidos y vulnerables, cuyos destinatarios requieren autonomía y privacidad. Lo mismo cabe decir de Lagungo, organismo de información y terapia para familias en situación de dificultades de relación y convivencia.


Este modelo hiper-centralista conecta más con una visión clerical, tenerlo todo a mano y controlado, que con una Iglesia que quiere ser verdadera comunidad de comunidades y que quiere avanzar hacia la descentralización. La imagen de Iglesia que trasmite este proyecto no tiene nada que ver con la de esa comunidad que quiere vivir en las periferias comprometida con la causa de los empobrecidos.


Se anuncian cierre de templos en base a la escasez de curas. Esto es querer seguir poniendo parches y no querer abordar de raíz el modelo de Iglesia por el que se apuesta de verdad.
Me parece que hay que planificar el futuro partiendo de las comunidades de base por pequeñas que estas sean. Cerrando locales grandes y abriendo otros pequeños en los diferentes rincones del territorio histórico. Comunidades vivas basadas en lacorresponsabilidad y ministerialidad. Donde haya celebraciones de la palabra y eucaristías quincenales si no pueden ser semanales.
De la mano del Papa Francisco, se abordarán en los próximos meses, cuestiones de fondo para la Iglesia universal como son el acceso de la mujer al ministerio ordenado o el acceso al sacerdocio de personas casadas ( los conocidos como “viriprobati“) que estará en la agenda del Sínodo de la Amazonía.
Creo que después de transcurridos 35 años desde la última, es momento de volver a solicitar una nueva Asamblea Diocesana. Hacer balance de lo realizado, analizar la situación presente y abordar respuestas valientes a los retos pendientes.


Dejarse llevar por la inercia, vivir de los tiempos gloriosos pasados, hacer lecturas autocomplacientes, no contribuirán a abordar los problemas estructurales que hoy tiene planteados nuestra Iglesia diocesana. Mirar para otro lado no resolverá nada. El envejecimiento de la comunidad diocesana es más que evidente. Una cosa es ser resto y otra ser residuo.


El nuevo papado sitúa a las diócesis ante su propia responsabilidad. Lo que no se haga desde las Iglesias particulares no lo podrá resolver el Papa desde Roma. Vivimos tiempos nuevos. Tiempos de esperanza. Hagamos los deberes.

31
Ene
19

PODEMOS: CONVIVIR EN EL DESACUERDO

Artículo de opinión publicado en EL CORREO, Enero de 2019. Javier Madrazo Lavín

Como coordinador general de Ezker Batua-Berdeak y miembro de la dirección federal de Izquierda Unida entre los años 1995-2009, puedo dar de fe, en primera persona, de que es cierta la célebre frase del expresidente de Uruguay, José Mujica, en la que, en base a su trayectoria y experiencia, reconoce una verdad obvia, avalada por una realidad tozuda, que lamentablemente parece cumplirse siempre. “La derecha se une sus intereses mientras la izquierda se divide por sus ideas”.

El último ejemplo lo estamos viviendo ahora en las filas de Podemos, un partido joven, con cinco años de vida, que parece haber interiorizado las confrontaciones, enfrentamientos y divisiones de las formaciones más viejas. Llegaron a la actividad pública desde la amistad y la camaradería, que bien pronto te ha transformado en enemistad y guerra abierta. Una pena, sin duda alguna, que penaliza el avance del pensamiento más progresista y transformador, coincidiendo en el tiempo con la irrupción electoral de la extrema derecha en España, clave en la gobernabilidad de una Comunidad de referencia como es Andalucía.

La alianza de facto entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox exige una izquierda fuerte, cohesionada y sobre todo capaz de buscar y alcanzar acuerdos, pensando en el interés y el bienestar de una ciudadanía, que aún no se ha recuperado de las graves consecuencias de la crisis económica cuando nos alertan ya de una inminente desaceleración, que traerá consigo más desigualdad, recortes y pobreza.

Podemos habrá cometido muchos errores, el personalismo y los tics más impositivos de su máximo líder entre ellos, pero su base social, sus votantes y simpatizantes merecen que haya una fuerza política que les represente en las instituciones y en la movilización. Llegaron a la actividad pública con la inocencia de quienes se sienten libres de ataduras y pensaron que lograrían todo aquello que se propusieran. Su discurso despertó conciencias y generó una ilusión que renovó la confianza en la izquierda.

Sólo por ello sus responsables merecen reconocimiento y confianza, especialmente en un momento crítico para su futuro, marcado por las elecciones municipales, forales y autonómicas del próximo mes de mayo.

Parece evidente que no es el momento de pensar en “tomar el cielo por asalto” ni aventurar grandes triunfos en las urnas, pero si es posible todavía creer, aunque suene iluso, en la capacidad y voluntad de los responsables de Podemos para reconducir la situación y encontrar puntos de encuentro, que representen a las distintas sensibilidades que todavía conviven en seno.

En sus manos está demostrar que saben resolver los conflictos desde el diálogo, sin vencidos ni vencedores, en lugar de caer en la trampa de la división. Cerrar las heridas abiertas parece un reto imposible y no debe ser éste el objetivo.

Lo importante en esta encrucijada no es el abrazo fraternal entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. La clave está en su disposición a negociar una lista conjunta en Madrid y tienen plazo para ello. Si no lo hacen Podemos corre el riesgo de caer en la irrelevancia.

Me consta que pese al pulso que ambos dirigentes mantienen, en el que las discrepancias y ambiciones políticas son previas al distanciamiento personal, tanto uno como otro son conscientes de las consecuencias que sus decisiones tienen sobre el futuro de la izquierda e incluso sobre la gobernabilidad del país.

Por ello, es razonable pedir prudencia y sentido común a quienes deben decidir en este conflicto. Si Podemos deja de tener y ejercer influencia después del 26 de mayo la derecha

habrá ganado una vez más y el debate público no estará centrado en la conquista de salarios y pensiones justas, servicios públicos de calidad, el feminismo o la sostenibilidad medioambiental sino en cómo levantar nuevos muros contra la inmigración o cómo proceder a la derogación de la ley de violencia de género.

Lo hemos vivido y sufrido en Andalucía y cabe la posibilidad de que ocurra también en España. Una izquierda rota es una izquierda débil, testimonial, sin maniobra y sin papel en el juego político.

Asistimos a un tiempo complejo, marcado por grandes retos y desafíos, que marcarán y condicionarán el futuro. La desigualdad económica, que tiene su origen en la desigualdad de oportunidades, los movimientos migratorios, los avances tecnológicos, entre ellos la automatización y la inteligencia artificial, y la amenaza del cambio climático generan temor, deseo de respuestas inmediatas y con ello surge con fuerza el populismo de extrema derecha. Es éste un fenómeno en auge en Europa y ayuda en parte a explicar el porqué del Brexit en Gran Bretaña. En este contexto la izquierda tiene que aprender a entenderse y a colaborar. Sólo así podrá constituirse como una alternativa viable para liderar propuestas válidas y creíbles en un escenario de crisis económica, social y democrática de carácter global. No soy quien para dar consejos a nadie, pero sí quisiera subrayar que la izquierda, y me refiero en concreto a Podemos, tiene que demostrar a la ciudadanía que le respalda, que es capaz de convivir en el desacuerdo si apuesta de verdad por el diálogo y la negociación.

10
Ene
19

El miedo condiciona el pensamiento (y el voto)

Artículo de opinión publicado en Noticias Obreras. Enero 2019. Javier Madrazo Lavín

Las elecciones del pasado 2 de diciembre en Andalucía supondrán, con toda probabilidad, el desalojo del Partido Socialista, después de 38 años ininterrumpidos de Gobierno. La corrupción y la falta de propuestas que generaran ilusión en su base social han provocado una gran desmovilización.

La salida del gobierno debería dar paso a una regeneración total en este partido, de ideas y de dirigentes, incluidos los cuadros intermedios, si quiere volver a recuperar la confianza de sus votantes tradicionales y de los votantes más jóvenes.

Esta desmovilización en la izquierda ha afectado igualmente a Adelante Andalucía que no se ha beneficiado del retroceso del PSOE, perdiendo 3 escaños. La suma de Podemos más IU no ha funcionado. Aunque no está claro si los votantes los han perdido ahora o los tenían ya perdidos desde las elecciones generales de 26 de junio del 2016 (perdió más de un millón de votos, respecto a las elecciones del 20 de diciembre del 2015).

Nunca un partido tan joven se ha hecho tan viejo en menos tiempo. Ello debería abrir un proceso de reflexión profunda en el conjunto del partido, para analizar las causas de esta tendencia de importante retroceso que, de no remediarlo, según todas las encuestas, parece que se proyectará hacia las elecciones (municipales, autonómicas y europeas) del próximo 26 de mayo. A la vista de los últimos movimientos, no parece que esa sea la intención de la dirección. En la derecha parece que cada vez es más claro el reequilibrio de fuerzas entre el partido de Casado y el de Rivera. El PP, aunque satisfecho por mantener el liderazgo en la derecha, aunque por poco margen y con alcanzar, seguramente, la presidencia de la Junta, ve cómo pierde fuerza a marchas forzadas.

Pero, sin duda el dato más reseñable de estas elecciones, ha sido la irrupción, con gran fuerza, de Vox en el Parlamento Andaluz. La extrema derecha entra en España por el sur con más de 395.000 votos en Andalucía y suma doce escaños en el Parlamento andaluz.

La formación liderada por Santiago Abascal tiene en sus manos la llave para designar al sustituto de Susana Díaz y podemos dar por seguro, que hará valer todo su poder, pensando en las próximas elecciones europeas, municipales y autonómicas. Los comicios generales, aún sin fecha, también son un reto para Vox, que prepara toda su artillería para dar el gran salto al Congreso de los Diputados y Diputadas. Sus oponentes políticos y los medios de comunicación les han convertido en protagonistas únicos de la escena política española. Un error, sin duda alguna, porque se les brinda una publicidad que no merecen, sus ideas y su discurso son contrarios a los principios democráticos y a la convivencia.

España, lamentablemente, no puede presumir ya de ser un referente en Europa por su condición de territorio libre de la extrema derecha organizada con presencia institucional. Austria, Alemania, Suecia, Holanda, Grecia, Noruega, Finlandia, Polonia, Hungría, Letonia y Eslovaquia conviven con una extrema derecha consolidada con porcentajes de voto que se sitúan entre el 15 y el 20%.

Son muchas las causas que pueden estar en el origen de este fenómeno, pero entre todos ellos cabría destacar tres, comunes a todos los países europeos: el desmoronamiento de la clase media, el envejecimiento de la población y el miedo a un futuro incierto que no invita al optimismo y condiciona el pensamiento.

La crisis económica del año 2008 y la imposición de los recortes sociales como única receta ante la debacle han traído como consecuencia el empobrecimiento de millones de personas, que han perdido toda esperanza en un futuro mejor y culpan a los responsables políticos por su incapacidad para resolver sus problemas y atender sus necesidades.

En este contexto, a mucha gente le resulta difícil confiar en un modelo de convivencia que promueve la desigualdad y amplía la brecha entre quienes lo tienen todo y quienes carecen de lo más básico o viven bajo la presión de poder perder el empleo.

La extrema derecha en España, como ocurre en Europa, no se nutre solo del voto que añora el franquismo o se considera fascista. Son, en muchos casos, personas frustradas e impotentes ante situaciones que perciben como amenazas. Las formaciones de izquierda tienen la responsabilidad de transmitir empatía a quienes se sienten vulnerables y generar un clima de confianza y esperanza, en un futuro mejor y más justo.

Es cierto que debates complejos como la independencia de Cataluña, la gestión de la inmigración, la viabilidad del sistema de pensiones, ahora en cuestión, o la necesaria cohesión social no parecen fáciles de resolver. Sin embargo, resulta urgente poner sobre la mesa propuestas sensatas, razonables y consensuadas. Las fuerzas progresistas deben liderar un nuevo ciclo, que solo podrán ganar si toman decisiones que les permitan reconectar con la mayoría social. Si permanecen pasivas o se muestran a la defensiva contribuirán a su fortalecimiento.

Vox encierra muchos peligros. Las personas inmigrantes, las mujeres y los colectivos más desfavorecidos son víctimas de sus políticas. No es necesario que ocupen puestos de responsabilidad. Están haciendo que PP y Cs haciendo giren aún más hacia su derecha. Pero su influencia penetra incluso en fuerzas de izquierda. Está teniendo ya un impacto en la posición del Ejecutivo socialista en funciones, respecto a Cataluña o a la inmigración.

Es urgente que las formaciones que impulsaron la moción de censura contra Mariano Rajoy aparquen la confrontación permanente. Hay espacio para el diálogo y el acuerdo. La economía tiene que anteponer el bien común a la acumulación en pocas manos, debe ser más inclusiva y perseguir como meta una mayor igualdad. Blindar los derechos sociales debe ser una prioridad sin matices de la izquierda; socializar un relato humano sobre la inmigración y su rol en el desarrollo económico y el crecimiento, una urgencia.

Hay que ganar a la extrema derecha con hechos convincentes, con argumentos sólidos, y no con proclamas incendiarias, que sólo la alientan y la alimentan. La ciudadanía exige saber que su vida será mejor cada día; si no recibe garantías desde la izquierda, comprará la mercancía averiada que le ofrece la extrema derecha.

Estamos en una encrucijada y no caben atajos. José Mujica, expresidente de Uruguay, lo ha dicho en más de una ocasión: «La izquierda se divide por sus ideas mientras que la derecha se une por sus intereses». La alianza en Andalucía entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox le da la razón. Las fuerzas de progreso deben actuar con inteligencia sin equivocarse en un momento histórico, en el que la recuperación de derechos sociales perdidos, la justicia y la igualdad son el mejor antídoto contra el pensamiento ultra.

14
Oct
18

Compromiso ciudadano

Artículo de opinión publicado en Noticias Obreras.

Javier Madrazo Lavín, Octubre 2018

El nuevo curso político en España se presenta bastante agitado , en un contexto complejo marcado por la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, el debate sobre el derecho de autodeterminación en Catalunya, las elecciones municipales-autonómicas-europeas del próximo año y las amenazas que se ciernen sobre una pretendida recuperación económica, que ofrece síntomas de ralentización cuando aún no hemos vivido los anunciados beneficios en el empleo y la superación de las desigualdades provocadas como consecuencia de la crisis.

El futuro está lleno de incertidumbres, al menos, a corto plazo. Los partidos políticos y sus responsables, lejos de poner sobre la mesa soluciones a los problemas reales del país, han decidido centrarse en disputas permanentes sobre másteres que no lo son, supuestos plagios a tesis doctorales, bandos enfrentados por poner y quitar lazos amarillos en el espacio público o llamamientos a unos nuevos comicios por parte del Partido Popular y Ciudadanos, que chocan contra las apelaciones del presidente del Gobierno a la estabilidad de su gabinete.

Si bien, por parte de mucha gente, se vivió con alivio la salida del PP del Gobierno, no es menos cierto que hay una amplia demanda social reclamando al ejecutivo de Sánchez pasar de la política de gestos (exhumación restos de Franco, supresión parcial de los aforamientos…) a la política de hechos y de respuestas.

Hubo una mayoría parlamentaria para hacer prosperar la moción de censura y desalojar de la Moncloa a la derecha, ante los continuos casos de corrupción. Queda por ver qué posibilidades existen de cohesionar a ese conjunto de grupos, con idearios muy distintos en materia económica, laboral, fiscal… a la hora de llevar adelante las medidas y reformas que permitan avanzar hacia una mayor justicia social.

Hay un conjunto de retos y preocupaciones, que tiene hoy la sociedad española, particularmente las clases populares, y que deben ser las principales prioridades de las formaciones políticas en el inicio del curso político: la precariedad laboral, los bajos salarios, la carestía de la vivienda, la pobreza energética, el futuro de las pensiones, el recorte de derechos y libertades, la atención a las personas dependientes, la inmigración que llama a nuestras puertas, la dualidad social…

Así mismo, es necesario mencionar determinados conflictos globales como son: las consecuencias del cambio climático, el auge del racismo y la xenofobia, que tantos réditos está dando a la extrema derecha en Europa, la proliferación de las fake news y la manipulación de la información, claves en el triunfo de Donald Trump, el envejecimiento progresivo de la población o el impacto en el empleo de la ingeniería artificial. Todas ellas materias cruciales para nuestro futuro, nuestro bienestar y nuestra propio modelo de democracia, que, a tenor del silencio que mantienen al respecto, parecen no inquietar a quienes están llamados a dirigir el país, más allá de siglas y militancia.

El profesor Yuval Noah Harari, autor de “Sapiens” y “21 lecciones para el siglo XXI'”, sostiene que el ser humano se ha quedado sin un relato que le ayude a entender el mundo y ello ha provocado desafección y pérdida de confianza. En su opinión, quienes se dedican a la actividad pública también desconocen el impacto en nuestras vidas de realidades como la biotecnología o la sustitución progresiva de las personas por robots en el ámbito laboral y por ello optan por confrontaciones en muchos casos sin trascendencia para ocultar sus incapacidades. Puede ser ésta una buena explicación para comprender el porqué del Brexit, el ascenso de la extrema derecha en muchos países de Europa, la permanencia de Donald Trump en el poder o la tensión que acompaña la actualidad política en España, que lo enmaraña todo para no decidir nada.

Nos hicieron creer que el modelo liberal dominante nos garantizaría progreso, igualdad, más derechos humanos, más servicios ofrecidos por los Estados, prosperidad a un mayor número de pueblos y paz frente a las guerras. Hoy sabemos que no será así y el desencanto, la indignación y la perplejidad son sentimientos compartidos y extendidos.

Ojalá actúen como motor para exigir respuestas y nos permitan tomar conciencia del momento en el que nos encontramos para transformarlo. La fuerza del cambio no llegará ni de las élites ni de muchos de quienes ejercen hoy el poder; sus esfuerzos están centrados en defender sus intereses y su permanencia. Nos corresponde a la ciudadanía alzar la voz y sustituir la apatía que produce la desesperanza por una revolución pacífica, democrática e ilusionante que nos ayude a pensar que en el año 2030 el mundo será un lugar mejor y más justo.

El potencial del movimiento feminista y las reivindicaciones de las personas jubiladas en España nos marcan un camino a seguir.

17
Sep
18

La monarquía en horas bajas

Artículo de opinión, Javier Madrazo Lavín

La monarquía en España atraviesa una grave crisis sin precedentes que amenaza, cuando menos,  su legitimidad, su credibilidad y su honorabilidad. El accidente del Rey Emérito en Botsuana, que permitió sacar a la luz la existencia de Corinna zu Sayn Wittgenstein, parece hoy un asunto menor en comparación con las nuevas revelaciones que afectan a Juan Carlos I.  Sin embargo, siendo cierto lo anterior cabe recordar que este suceso estuvo en el origen de la abdicación de quien fuera jefe de la Casa Real desde la muerte del dictador Franco hasta el año 2014.

Resulta difícil predecir qué ocurrirá a medio plazo, aunque es obvio concluir que Felipe VI y los poderes del Estado son conscientes de la crisis y son sabedores que tienen que tomar decisiones importantes, más pronto que tarde, si quieren proteger esta institución y  ver reinar el dia de mañana a la Infanta Leonor.

Pensaron que con la abdicación de rey emérito,   habían detenido el deterioro de la institución y la pérdida incesante de adhesiones sociales, hacia este modelo de estado, pero de nuevo, vuelve a emerger la verdadera realidad: las ideas republicanas ganan simpatía y apoyo popular en detrimento de la monarquía.

Ciertamente  hay que reconocer, que al actual rey, experiencia en estas lides no le falta. El estallido del caso Urdangarín le obligó en su dia a blindar con un “cordón sanitario” el núcleo duro de la Casa Real para evitar que la onda expansiva provocada por las “hazañas” ilegales de su cuñado le salpicaran de lleno. Iñaki Urdangarín y su esposa se vieron entonces despojados del Ducado de Palma, se les expulsó de La Zarzuela, se les retiró toda asignación económica y nunca más han representado ni participado en un acto oficial organizado por la monarquía. En realidad,  no tuvo otra alternativa. Estaba en juego su reinado en un momento en el que el hartazgo ante la corrupción institucionalizada habia puesto fin al bipartidismo y una formacion republicana -Podemos- irrumpía con fuerza en el panorama político.

Juan Carlos I dista mucho de ser un hombre íntegro y honesto. La inviolabilidad que le concedió la Constitucion hasta su abdicación, le permitió en la década de los “noventa’, eludir toda responsabilidad en tramas financieras, que implicaban a su círculo más cercano. Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón y Carvajal, y Mario Conde sirven de ejemplo. Su vida privada, también muy poco edificante, sólo le correspondería, en principio, a él y a su familia, si no hubiera sido designado  Rey de España; sin embargo, dada su condición, cabe preguntarse igualmente por los servicios del Estado puestos a su disposición, para gestionar, primero, y ocultar, después,  la larga lista de sus relaciones afectivas, en connivencia, por supuesto, con los diferentes Gobiernos del PSOE y el Partido Popular.

No constituye un secreto para nadie que Juan Carlos I ha contado siempre con la complicidad de las formaciones mayoritarias del país, la banca, las grandes empresas y las instituciones, para silenciar sus actividades,  no siempre modélicas.

Muchos medios de comunicación, por su parte, han contribuido mayoritariamente a preservar una imagen intachable de su persona,  pese a conocer muchas de las evidencias en su contra.

Afortundamente, la verdad es tozuda, y antes o después termina por ser descubierta. Habrá, sin duda alguna, quien se felicite por ello y quien lo lamente. El pasado de Juan Carlos I es presente para toda la ciudadanía, y especialmente  para su hijo, obligado a mover ficha, aunque sea contra su voluntad, como ocurrió con su hermana e Iñaki Urdangarín.

Las cintas grabadas por el excomisario Jose Villarejo a Corinna zu Sayn Wittgenstein tienen un triple impacto: juridico,  porque implica la comisión de presuntos delitos, entre ellos, operaciones de blanqueo de capitales, cobro de comisiones, fondos ocultos en Suiza y evasión fiscal. Político, porque alienta el debate entre monarquía y  república a favor de la segunda, cuestionando la propia razón de ser del reinado de Felipe VI si optara por permanecer mudo y de brazos cruzados. Y, en último lugar,  ético, porque evidencia la perversión moral de un modelo que debia ser referencia de buen hacer, transparencia y conducta intachable.  Lamentablemente, no ha sido asi. El tiempo corre en contra del Rey actual. Evitar la fotografia de Juan Carlos I en Mallorca con su hijo no es suficiente. Les puede permitir ganar tiempo, pero se hace necesario intervenir.

Los movimientos del excomisario Villarejo, un personaje reprobable, que a través del chantaje busca eludir la cárcel, y los secretos que aún guarda una falsa princesa,  amiga de las comisiones y los negocios turbios, pueden reservarnos nuevas sorpresas en los próximos meses.

A Felipe VI le corresponde en esta encrucijada distanciarse de su padre, retirarle los privilegios de los que todavía disfruta,  entre ellos la condición de Rey Emérito, e instarle a que colabore con la justicia.  Los partidos politicos también deben hacer oir su voz, máxime en este coyuntura, en la que sus líderes por edad, son ajenos al reinado de Juan Carlos I. Ganarían asi la confianza de la sociedad y contribuirían a reforzar una democracia debilitada.

La monarquía no está solo en sus horas más bajas. Está sobre todo obsoleta. Tal vez haya llegado la hora de que se consulte a la ciudadanía sobre el modelo de Estado al que aspira. Este derecho que se nos negó en la transición puede ejercerse ahora en libertad y sin miedo. La república no será la panacea a los problemas de España, ni impedirá por si misma, la práctica de la corrupción o los abusos del poder, pero nos permitirá cerrar un ciclo ya agotado  y emprender otro distinto, más participativo, más ilusionante y más esperanzador.

04
Abr
18

MAYORES SI, RADICALES TAMBIÉN

Artículo de opinión publicado en EL CORREO. Abril 2018. Javier Madrazo Lavín

El pasado 8 de enero se cumplieron cincuenta años de un hecho, a priori, intrascendente que, sin embargo, marcó el punto de partida de un movimiento de protesta, que muchas personas, superada hoy la barrera de los “sesenta y tantos”, recuerdan con nostalgia, mientras que las generaciones más jóvenes a duras penas lo identifican. Me refiero al “Mayo del 68”. Han transcurrido cinco décadas de aquel día en el que un universitario llamado Daniel Cohn-Bendit, más tarde conocido como “Dany el Rojo”, increpó y llamó fascista, en un acto público celebrado en Nanterre, al ministro de Juventud y Deportes del Gobierno Pompidou. La razón fue la publicación por parte del político galo de un “Libro Blanco” muy sesgado en el que se deformaba la situación que vivían los estudiantes franceses.

Con toda seguridad nadie imaginó entonces que un abucheo, que tuvo lugar con motivo de la inauguración de una piscina en un barrio del extrarradio de París, pudiera transformarse en una revolución, que en pocos meses  se extendería por todo el mundo.

Fue aquella una época convulsa, en la que la protesta y la rebeldía,  propias de la juventud, propiciaron avances importantes, al sumar el apoyo de partidos de izquierda y sindicatos. Los Acuerdos de Grenelle, negociados en Francia al calor del “Mayo del 68” y bajo la presión de una masiva huelga general, abrieron la puerta al aumento de un 35 por ciento del salario mínimo, un incremento de más del 10 por ciento de los sueldos medios y la semana laboral de 40 horas.

Un año antes, en Estados Unidos el movimiento estudiantil había empezado a organizarse contra la guerra de Vietnam y, bajo la batuta de Abbie Hoffman, activista social, se fundó la formación Youth International Party (Yippies),  que tenía como señas de identidad el inconformismo y el rechazo al orden establecido. Las expectativas creadas no se vieron satisfechas y en el país vecino la derecha representada por la Unión por la Defensa de la República ganó las elecciones convocadas en junio de 1968.

Sin embargo, siendo cierto lo anterior, es preciso reconocer el valor y el impulso que estas protestas dieron a debates, hasta entonces prácticamente inexistentes, como son, entre otros, el pacifismo, los derechos sociales, el ecologismo, el feminismo o el reconocimiento de la diversidadsexual. Resulta imprescindible poner el acento en este punto para reivindicar la trascendencia de la movilización y la unidad de acción como motores de transformación y superación de las injusticias.

No siempre se logra tocar el cielo con la punta de los dedos, pero la historia de la humanidad se construye paso a paso. Todos los logros conllevan también renuncias. La clave está en tomar conciencia de la realidad en la que convivimos y combatir para mejorarla. Este fue el ánimo que hizo posible el estallido del “Mayo del 68” y de algún modo está detrás de las manifestaciones convocadas en todo el Estado por personas jubiladas en demanda de unas pensiones dignas. No deja de ser curioso que quienes hace 50 años fueron jóvenes atentos a lo que ocurría  en Francia, en Berkeley, Praga, Tokio o Berlín tomen hoy las calles y aspiren a poner contra las cuerdas al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Lamentablemente, la izquierda y los sindicatos en España se han visto, una vez más, superados por una ciudadanía hastiada de los abusos del poder. Un buen ejemplo lo tenemos en el secretario general del PSOE. Pedro Sánchez, incapaz de entender el alcance de las protestas lideradas por las personas jubiladas, ha puesto sobre la mesa una iniciativa tan absurda como es incrementar también en un 0,25 por ciento el salario de quienes ocupan puestos de responsabilidad en la administración e instituciones públicas. El dirigente socialista parece que no ha entendido que de este discurso, que sólo busca un titular, se desprende una legitimación cómplice a la propuesta del Partido Popular. Están en juego el derecho a unas pensiones justas y la superación de un modelo económico que consagra la desigualdad. La gestión de la crisis por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido perversa. Las personas que en 2008 eran ricas hoy lo son mucho más, las clases medias se han empobrecido y los colectivos más vulnerables se han convertido ahora en colectivos excluidos. El PSOE, Podemos y los agentes sociales deben tomar buena nota de esta lección de compromiso y fuerza que han recibido en las calles de todo el país, actuando en consecuencia. Solo así podrán recuperar la confianza perdida y presentar un proyecto ilusionante en las elecciones locales del año 2019, en las que la esperanza de cambio real no la puede abanderar Ciudadanos.

Para ello, deberán empezar por respetar la autonomía y libertad de las plataformas de personas jubiladas, renunciando de antemano a capitalizar una movilización que nace del descontento popular y es ajena a las directrices políticas o sindicales de un signo u otro.

Se trata de acompañar y no de buscar protagonismo, tratando de ponerse al frente de una contestación social con la intención equivocada de capitanearla para obtener réditos en las urnas. Al mismo tiempo, no deja de ser curioso y desconcertante, que las personas mayores, herederas de los sueños que hicieron posible “Mayo del 68”, ocupen esta vez el espacio de una juventud menos combativa y más  acomodaticia de lo que cabría esperar y desear.  Ojalá en esta ocasión la lucha se mantenga viva hasta alcanzar sus objetivos y el poder establecido no gane esta batalla. O al menos se vea obligado a ceder y negociar. Las personas jubiladas tienen una buena baza a su favor, que dos maestros como José Luis Sampedro y José Saramago pusieron en valor en un acto conjunto, celebrado en el Círculo de Bellas Artes en Madrid en el año 2000. “Cuanto más viejos más radicales”, resumieron entonces ambos literatos su experiencia  vital. Yo sólo añadiría “más libres, más sabios y más valientes”, pensando en quienes reivindican un mundo más justo para ellos y para las nuevas generaciones.

19
Feb
18

Lo que de verdad importa

Articulo de opinión de Javier Madrazo, publicado en EL CORREO, febrero 2018.

Nunca en la historia de la humanidad hemos vivido una etapa más favorable para poder recibir y emitir información. Internet abrió la puerta a la globalización y las redes sociales nos garantizan conectividad plena todos los días del año y a todas horas. Un solo click en nuestro móvil nos acerca hasta el fin del mundo. Pensamos que, por fin, el acceso a una información plural y veraz, reconocida por la Constitución en su artículo 20, sería una realidad vinculada al desarrollo de las nuevas tecnologías. ¡Que equivocados hemos estado! Nos imaginábamos más libres y, en cambio, somos más cautivos. La era de la información ha dado paso a la era de la desinformación por exceso e incapacidad para procesarla, pero, aún más importante, por la ocultación de hechos y datos relevantes que son sustituidos por otros que no tienen ninguna incidencia en nuestras vidas. Todo ello, además, sin contar con el nuevo fenómeno de las noticias falsas, difundidas por servicios de inteligencia e intereses ocultos, con el objetivo de condicionar la voluntad de la opinión pública e influir en sus decisiones y actitudes. Recientemente, Oxfam-Intermon, salpicada ahora por el escándalo de Haití, ha hecho público un informe estremecedor, que pone en evidencia el modelo de sociedad que estamos construyendo. Es sólo un ejemplo más que nos puede ayudar a entender cómo se manipula y se utiliza la información en el siglo XXI.

El estudio, elaborado por la organización no gubernamental de cooperación, es un documento serio, riguroso y bien argumentado, con datos concluyentes que hubiera merecido una mayor difusión de la que ha tenido. Sin embargo, no ha sido asi y cabría preguntarse el porqué. La respuesta parece obvia. El “ciclón” catalán arrasa con todo, ajeno a la sensación de hartazgo que el tema genera en una parte importante de la población, cansada a estas alturas de la omnipresencia del “procés”. Es cierto que se trata de una cuestión de Estado, con un impacto directo en el futuro del modelo territorial y la convivencia; ahora bien, es igualmente cierto que el empobrecimiento, la desigualdad, la precarización y los recortes en protección social, que con tanto acierto denuncia Oxfam-Intermon,  provocan  graves consecuencias en la vida de millones de hombres, mujeres y familias.
En un contexto pretendidamente optimista, según nos quieren hacer creer, en el que la crisis económica parece quedar atrás, el panorama resulta desolador. En 2016, más de 10.6 millones de personas vivían en España por debajo del umbral de la pobreza; un total de 600.000 hogares no contaba con ningún ingreso y el 28 por ciento de la población se encontraba en riesgo de exclusión.

Nos enfrentamos a una situación alarmante, que deberia centrar la intervención de instituciones y partidos políticos, especialmente aquellos que aspiran a representar los principios de la izquierda. Me refiero al PSOE y a Podemos en el Estado y a Bildu en Euskadi. Deben recuperar discursos tan necesarios como la igualdad, el empleo estable y bien remunerado o la redistribución equitativa de la riqueza. Hay que buscar fórmulas efectivas y pactadas  para responder a las demandas legítimas de Catalunya, pero el debate independentista no debe eclipsar otras cuestiones como son la dignidad y los derechos humanos. La “brecha” tradicional entre ricos y pobres es ya un abismo que se hace más profundo a medida que la macroeconomía permite intuir una recuperación que el Gobierno aplaude como propia, los medios y tertulianos afines al poder difunden y la oposición no termina de rebatir con firmeza y convicción, presa de la urgencia de los informativos hoy limitados a los avatares de Carles Puigdemont. En este escenario, resulta complejo concentrarnos en el hecho de que en España entre 2007 y 2016 el 10 por ciento más pobre ha visto disminuir su participación en la renta nacional en un 17 por ciento, mientras el 10 por ciento más rico la ha incrementado en un 5 por ciento, y el 1 por ciento más rico en un 9.

El crecimiento favorece cuatro veces más a los más ricos que a los más pobre. No es mi intención caer en la trampa fácil de la demagogia sino alertar sobre el consumo orquestado de información, no siempre veraz ni relevante, a la que estamos sometidos. Hay muchos modos de ejercer la censura y ésta práctica propia de las dictaduras también se hace presente en las democracias, aunque sea de un modo sutil. Extender un manto de silencio sobre hechos relevantes es una técnica habitual de manipulación tan extendida como lo es el bombardeo continuo de noticias sin trascendencia que copan primeras páginas y horas ininterrumpidas de programas de radio y televisión. Desconocemos cuál será el futuro de las pensiones, si recuperaremos o no los derechos perdidos en los años de crisis o si en algún momento la banca devolverá el dinero de todos invertido en su rescate. Incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se atreve a decir que no toca hablar de la brecha salarial de género, una cuestión que implica a más de la mitad de la población española.

Sin embargo, lo sabemos todo de los exiliados y presos del conflicto catalán. Lo que almorzaron en la cárcel el dia de Año Nuevo, la casa en la que Carles Puigdemont pasa los fines de semana o las cervezas que consume en una terraza de la Grand Place, en Bruselas.  Cuando pregunto en mi entorno por el “procés” no puedo dejar de percibir cansancio en personas defensoras del derecho a decidir, debido al hastío que sienten ante tanta avalancha de datos que no les incumben y que han logrado distraer la atención sobre la cuestión de fondo: ¿si es legítimo reivindicar la independencia por qué se considera un delito convocar un referéndum y que sea la ciudadanía afectada quien se pronuncie?

19
Sep
17

Catalunya, 1 de Octubre, ni derrota ni victoria

Artículo de opinion publicado en EL CORREO, septiembre 2017. Javier Madrazo

La convocatoria de un referéndum el próximo 1 de Octubre en Catalunya bien podría entenderse como un ejercicio de participación democrática y respeto a la voluntad mayoritaria libremente expresada. Sin embargo, esta propuesta ha sido recibida con una escalada sin fin de recursos judiciales, amenazas y descalificaciones políticas y personales sin precedentes, que permiten anticipar un riesgo claro de confrontación entre sensibilidades distintas y la consiguiente división y frustración, que será difícil de gestionar el día después de la pretendida cita con las urnas, que nadie se atreve a predecir si finalmente se llevará a cabo, en qué condiciones y con qué resultado.

Los acontecimientos discurren a velocidad de vértigo hasta el punto de que el atentado yihadista, perpetrado en Barcelona el pasado 17 de agosto, parece ya historia olvidada. Poco o nada hemos aprendido de lo acaecido entonces. Parecemos condenados una y otra vez a repetir los mismos errores, que desacreditan y contribuyen a la pérdida de confianza en los representantes políticos, que deberían gestionar con responsabilidad, eficacia y eficiencia, en lugar de enquistar los conflictos y conducirnos a un callejón sin salida.

Me refiero en concreto al Partido Popular que hizo gala de una actitud poco responsable tras la masacre cometida en Las Ramblas, en la misma línea que mantuvo durante el negro período del terrorismo de ETA, manipulando el dolor y el sufrimiento de una sociedad en estado de shock para imponer su ideología y acallar y censurar aquellas otras que discrepan o no son coincidentes con la suya.

Ocurrió así con motivo del atentado yihadista del 11 de marzo del 2004, se ha  repetido en el último ataque terrorista llevado a cabo en Barcelona, concretamente con la operación puesta en marcha para desacreditar la acción de los Mossos de Esquadra, alabada por el prestigioso diario Wall Street, y ahora, salvando todas las distancias, se emplea la misma técnica para desautorizar a quienes en Catalunya reivindican el derecho a decidir. Euskadi fue pionera al liderar este debate entre los años 2005-2009, pero la intransigencia e intolerancia del PP y PSOE no nos permitió avanzar por esta senda, avalada por el Parlamento vasco, que, además, conectaba con una demanda democrática de la mayoría social.

Es verdad que Catalunya ha llegado mucho más lejos de lo que nunca hubiéramos imaginado cuando se puso sobre la mesa  el nuevo Estatuto Político, pero también lo es que sus responsables  han asumido muchos más  riesgos, que no sabemos aún hacia dónde les llevarán.

Aunque pudiera parecer muy tarde, debemos seguir lanzando llamamientos al diálogo, el acuerdo y el pacto, términos  que nada tienen que ver con la búsqueda de la uniformidad, que implica que todos pensemos lo mismo.
Catalunya y Barcelona han sido, son y deberán seguir siendo un modelo de respeto y convivencia, integrado por personas que conocen y valoran la diversidad y la diferencia como motor de crecimiento y desarrollo para construir bienestar, armonía y paz. El abrazo entre el padre del niño de tres años muerto en Las Ramblas, y el imán de Rubí, y los aplausos que recibió en Cambrils la hermana de dos terroristas abatidos, son el mejor ejemplo de ello. Ojalá la política tomara buena nota de este modo de entender el mundo y actuara en consecuencia.

Catalunya y su ciudadanía merecen ser escuchadas, del mismo modo que merecen dirigentes más responsables tanto en su Comunidad como en España. Países como Canadá y Gran Bretaña han demostrado que cuando hay voluntad sincera  se pueden buscar soluciones compartidas a las demandas de pueblos con su propia identidad como Quebec o Escocia. Habría que preguntarse por qué estamos inmersos en este caos cuando otros han sabido resolver con pedigrí democrático problemas que en nuestro caso se traducen en: la judicializaciòn de la vida política, la persecución de cargos electos, la presión del miedo ante  posibles encarcelamientos, el chantaje de las grandes empresas anticipando una debacle económica y la intervención del Rey al dictado del PP.

España no ha estado a la altura de este proceso desde la aprobación del nuevo Estatuto Catalán, que el Tribunal Constitucional desvirtuó, al dictado de la doctrina del Partido Popular y el PSOE. La corrupción  en el seno de CIU, con la familia Pujol como máximo exponente, también ha influido en este contencioso, que pesa como una losa sobre el  futuro de una formación política, que no logra en las urnas las adhesiones que pretende.

Preocupa también, y mucho, en este sentido, que la polémica desatada por el referéndum oculte otras prioridades a las que Catalunya no es ajena. Las consecuencias de la crisis lejos de solventarse se han agravado y son muchas las familias y personas que no encuentran trabajo,  y cuando lo logran, es siempre un empleo precario y mal pagado. La Generalitat tampoco se ha caracterizado por su conciencia ética  y los recortes en sanidad y educación han sido una dura realidad bajo el mandato de CiU, cuestionada por la ciudadanía. Es seguro que el discurso a favor del derecho a decidir podría generar más avales entre la población si estuviera acompañado de un modelo de progreso y profundización en derechos laborales y sociales. Un proyecto de país ilusionante debe tener como horizonte crear una Comunidad de hombres y mujeres libres,  que disfrutan de los recursos necesarios para encontrar respuestas a sus aspiraciones vitales.

Quienes están al frente de la opción independentista tienen ante sí una ardua tarea que acometer y que hasta la fecha no han emprendido. Si lo hubieran hecho, con seguridad hoy tendrían más crédito y más apoyos, incluso ante quienes recelan de la ruptura con España.

Ocurra lo que ocurra el 1 de octubre,  vienen a mi memoria unas palabras de José Saramago, que dicen : “La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”.

16
Jul
17

AUTOCRITICA NECESARIA

Artículo de opinión publicada en EL CORREO. Julio 2017. Javier Madrazo Lavín



El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha necesitado un año para asumir una evidencia, que muchas voces progresistas denunciaron en el momento en el que esta formación política acordó suscribir una coalición electoral con Podemos para concurrir conjuntamente a los comicios generales celebrados en junio de 2016. En algunos sectores de la organización se instaló el miedo a que IU fuera arrasada electoralmente por una fuerza en alza, encabezada por un líder carismático como Pablo Iglesias, a pesar que en las elecciones de diciembre de 2015, cuando se presentaron por separado, IU tuvo más de un millón de votos. Sin duda alguna, esta inquietud estuvo en el origen de una alianza, más oportunista y tacticísta que estratégica, abanderada por el PCE y por el propio Alberto Garzón, quien ahora ha sabido hacer una autocrítica inteligente, más allá de las urgencias que le llevaron a sellar el compromiso con Podemos.

Me consta que detrás de este acuerdo también había una voluntad clara de frenar el avance de la derecha representada por Mariano Rajoy y ganar en las urnas al PSOE con el objetivo de abrir el debate sobre un pacto de progreso que, llegado el caso, contara con el respaldo de las formaciones nacionalistas, especialmente en una coyuntura compleja marcada por el referéndum en Catalunya. Estos pronósticos no se cumplieron y hoy Izquierda Unida es, de algún modo, rehén de una entente, que ahora, transcurrido el tiempo, presenta más sombras que luces.

El informe presentado por Alberto Garzón en el mes de junio en el marco de la Asamblea Política y Social de Izquierda Unida hace suyas las críticas lanzadas en su día por Gaspar Llamazares, alertando sobre los riesgos del acuerdo con Podemos. Me refiero a la pérdida de identidad de unas siglas políticas, nacidas hace treinta años, y a la falta de visibilidad de sus dirigentes y, más importante, de sus iniciativas y mensajes. Condicionada por el control de Podemos, el número de propuestas presentadas por Izquierda Unida en Congreso de los Diputados es prácticamente testimonial y cuando una de ellas tiene impacto, como ocurre con la exigencia de una Ley de Eutanasia, el mérito se atribuye a la formación morada.

Creo firmemente en la unidad de acción de la izquierda porque favorece y estimula las opciones de cambio frente a la hegemonía de la derecha en el poder. Y no me refiero solo al Partido Popular. La monarquía, la banca, el Ibex 35, determinados sectores de la justicia y muchos medios de comunicación defienden intereses de clase para preservar sus privilegios. Actúan de la mano porque saben que así son más fuertes y eficaces en la consecución de sus fines. La izquierda tiene que interiorizar esta lección, pero debe hacerlo desde el respeto a la pluralidad entendida como un valor irrenunciable. La historia, en cambio, no apunta en esta dirección. La izquierda es reacia al entendimiento. Busca la absorción del pequeño por parte del grande y en la práctica lejos de generar ilusión provoca desencanto. El último ejemplo es Unidos Podemos.

El último posicionamiento de Alberto Garzón por reivindicar reconocimiento, influencia y visibilidad responde a un sentimiento de preocupación y malestar en el seno de Izquierda Unida, cuya base social y militancia rechaza el camino del empotramiento y disolución de facto en Podemos al que inexorablemente camina de no dar un urgente golpe de timón. Este giro es anhelado por unas bases comprometidas, reivindicativas y activas, que no siempre comulgan con el discurso de Pablo Iglesias y menos aún con el destierro al que somete a quienes no comparten su estrategia o sus ideas. Alberto Garzón, sin ir más lejos, ha pasado de situarse entre los políticos mejor valorados de este país a saberse eclipsado en un grupo en el que su protagonismo es menor del que merece, por no decir que éste es nulo. Por ello, se hace imprescindible la puesta en valor de Izquierda Unida no como oposición a Podemos sino como refuerzo a un proyecto compartido desde un criterio de respeto a la pluralidad. Resulta contradictorio hablar de generosidad con sus socios como hace Pablo Iglesias y luego mostrar actitudes de superioridad, prepotencia y búsqueda de la hegemonía, incompatibles con acuerdos justos, basados en la lealtad la colaboración y la integración. El triunfo de Pedro Sánchez favorece un acercamiento entre las distintas sensibilidades de progreso, que no se puede desaprovechar. Hace bien Izquierda Unida en buscar una interlocución directa con el PSOE. Ni puede ni debe delegar su representatividad en la formación morada. De hecho, le corresponde promover un papel de mediador para consolidar, llegado el momento, un gobierno de Izquierda, que ponga fin a una etapa negra de corrupción, recupere y profundice los derechos sociales y laborales de la ciudadanía, y gestione el tránsito hacia un estado federal y republicano. Las elecciones municipales, forales y autonómicas de 2019 serán un test para conocer la viabilidad de este frente amplio. Claro que para ello y como paso previo, Izquierda Unida deberá reconsiderar primero el marco de relaciones futuras a mantener con Podemos. Llegados a este punto, ¿basta con dotar de mayor visibilidad a Alberto Garzón o es preciso reformular las bases iniciales de una alianza basada en la subordinación y subalternidad en la que el más grande busca devorar al más pequeño?.

Este sería el camino más lógico y natural, acorde con la trayectoria de una fuerza política integra y coherente, pero no parece el más factible. Da la impresión que estamos ante un camino de no retorno. Izquierda Unida vive bajo la presión constante de su desaparición si participa en solitario en las urnas; Podemos, por su parte, ha visto rebajadas sus expectativas electorales hasta el punto de que lo que menos le interesa es una competencia a su izquierda. La necesidad nunca es el mejor punto de partida para una alianza estable y permanente. En el primer aniversario de Unidos Podemos asoman las dudas. El futuro está por escribir. Ojalá esté definido por la unidad.

 




Quién soy

Nací en Riaño, Cantabria, el 12 de Agosto de 1960; cuando tenía un año de edad mis padres se trasladaron a Bilbao, y desde entonces vivo en el barrio de Rekalde. He sido parlamentario de Ezker Batua_Berdeak entre 1994 y 2001, y Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco entre 2001 y 2009. Ahora, trabajo como Profesor de Filosofía, Ética y Ciudadanía en un Instituto de Bilbao.

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