Contribución Fiscal Justa y Progresiva

Contribución fiscal justa y progresiva
Octubre 2009

La manifestación celebrada el sábado 17 de Octubre en Donostia, en protesta por la detención y encarcelamiento de Arnaldo Otegi y Rafa Díaz Usabiaga, ha reabierto, una vez más, el sempiterno debate sobre la unidad de acción soberanista, que actúa como una cortina de humo para ocultar a la opinión pública debates de calado económico y social, que tienen una incidencia directa en la vida diaria de las personas y en sus problemas más íntimos, tal y como los define el escritor Bernardo Atxaga. Me refiero concretamente al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el Partido Nacionalista Vasco para garantizar la aprobación de los próximo Presupuestos Generales del Estado. Resulta, cuando menos, difícil de entender que dos formaciones políticas que alimentan la confrontación dialéctica, resucitando interesadamente la división entre nacionalistas y constitucionalistas, suscriban, al mismo tiempo, un pacto que define y condiciona el modelo de desarrollo y el modelo de sociedad futuros, desde una posición ideológica más próxima a la derecha que a la socialdemocracia.

En ocasiones como ésta tengo la impresión, no sé si con razón o sin ella,  de que somos muchas las personas que observamos con preocupación un interés manifiesto por generar un enfrentamiento retórico, al amparo de actuaciones vinculadas a la izquierda abertzale y a la violencia de ETA, con el único objetivo de distraer la atención de la ciudadanía sobre aquellos otros acontecimientos o decisiones políticas que si condicionarán después nuestro nivel de bienestar, e incluso nuestro derecho a un empleo estable y a unos servicios públicos de calidad, en mayor medida que la polémica artificial creada en torno a un falso choque de identidades, que no se corresponde con la pluralidad y la transversalidad inherentes a nuestra sociedad, especialmente en el caso de las nuevas generaciones, más abiertas y tolerantes. Es cierto que en Euskadi convivimos identidades diferentes, que debemos aprender a comprendernos y a respetarnos, pero es igualmente cierto que en el ránking de nuestras preocupaciones inmediatas el desempleo, la vivienda, las pensiones o la atención a las personas dependientes tienen prioridad sobre el posicionamiento en el llamado eje vasco-español.   

Comparto la inquietud de quienes ven en la detención y encarcelamiento de Arnaldo Otegi y Rafa Díaz Usabiaga una operación dirigida a frenar el avance hacia la consolidación de una izquierda abertzale que apueste decididamente por las vías políticas y democráticas. Compromisos personales me impidieron acudir a título personal a la marcha convocada en Donostia bajo el lema “Askatasunaren alde. Eskubuide guztiak guztiontzat”, pero en honor a la verdad he de decir que no creo que la coincidencia de formaciones políticas y centrales sindicales que suscribieron en 1998 el Pacto de Lizarra nos permita ahora hablar con propiedad de una reedición del mismo,  como se ha insinuado con miedo, por un lado, y con añoranza, por otro. Considero que ahondar en esta tesis es contraproducente para el conjunto de la ciudadanía, y más aún para quienes nos situamos en posiciones de izquierda.  Reivindicar la unidad de acción soberanista es un derecho legítimo en democracia, pero en un contexto de crisis económica como el actual la unidad de acción de la izquierda constituye una obligación.

Mientras en los medios de comunicación el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusa al PNV de “compartir en la calle la estrategia de ETA”, y el presidente de esta formación, Iñigo Urkullu,  le pregunta “cuándo van a ilegalizarnos o a meter en la cárcel a nuestros responsables”,  en el Congreso de los Diputados sus partidos respectivos sellan una alianza de hierro para aprobar, junto a Coalición Canaria, las líneas maestras de unos Presupuestos Generales del Estado, que se basan en una fiscalidad regresiva, que penaliza a las clases medias y a las rentas del trabajo, y beneficia a las rentas del capital, a las grandes empresas y a las sociedades de inversión. Este modo de actuar es aplaudido por voces autorizadas como un ejercicio de pragmatismo, pero también hay quien lo llama ya esquizofrenia política. Si finalmente se cumplen las previsiones dadas a conocer por PNV y PSOE es posible que el acuerdo alcanzado en Madrid se extienda a distintas instituciones en Euskadi, en ocasiones con el voto a favor del Partido Popular, y siempre bajo la coartada de la estabilidad.     

Es obvio, por tanto, concluir que si hay una unidad de acción operativa y activa hoy en Euskadi, ésta no es de índole soberanista ni de pensamiento progresista. Al contrario, da cobijo a quienes coinciden en un modelo de desarrollo y un modelo de sociedad, que tiene su origen en las recetas fracasadas del capitalismo neoliberal, que en nuestra Comunidad suma más de 120.000 personas desempleadas, muchas de ellas en riesgo real de  exclusión. En un contexto como éste resulta imprescindible el entendimiento entre la izquierda política, sindical y social para poder contraponer, desde el reconocimiento a las señas de identidad propias, una alternativa efectiva y eficaz a la entente entre PNV, PSOE, PP en materia económica, fiscal y presupuestaria. Hay un gran trabajo por hacer y sólo será posible abordarlo desde la suma y el consenso de quienes nos sentimos cerca de las personas que han perdido su empleo o pueden hacerlo en los próximos meses; de quienes no pueden pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda, y de quienes ven con temor los recortes en protección y prestaciones sociales. 

Recuerdo, en este sentido, unas palabras de José Saramago, Bernardo Atxaga y Manuel Vázquez Montalbán, escritas con motivo de las elecciones autonómicas de 2001, en las que aseguraban identificarse con la ciudadanía vasca “que aguanta a los unos y a los otros, divididos por todo menos por su ambición común de poder”.   En su alegato, aún vigente al día de hoy, los tres escritores hacían causa común en pro de “una Euskadi combativa en lo social y constructiva en lo nacional”.  Con toda seguridad pensaban en una unidad de acción de la izquierda, capaz de dar respuesta a quienes, al igual que ocurría entonces, “trabajan y cobran poco, o quieren trabajar y no encuentran dónde; a quienes sólo conocen contratos basura y nunca se les reconocen sus derechos laborales”. La izquierda política, sindical y social en Euskadi tiene un suelo común en la defensa de nuestra capacidad de decisión, pero aún así las diferencias en relación con la identidad impiden en la práctica la asunción de compromisos conjuntos en materia económica o fiscal, pese a compartir diagnósticos y soluciones.      

No les ocurre lo mismo a PNV, PSOE y PP.  Unos se definen nacionalistas y otros constitucionalistas; se enzarzan en agrias disputas, con duras imputaciones recíprocas sobre sus posiciones confrontadas en el denominado eje vasco-español, pero después saben aparcar sus desavenencias y cerrar acuerdos para preservar sus intereses de clase. La izquierda, sin duda alguna, tiene mucho que aprender a este respecto. La división en sus filas provoca debilidad e impide a la ciudadanía contar con un referente creíble que actúe como una oposición coordinada frente a la imposición de un modelo de desarrollo y un modelo de sociedad, que hunden sus raíces en el capitalismo neoliberal. El reto actual pasa por conformar una alianza de izquierda en un terreno abonado, en el que los discursos son, cuando menos, cercanos. Me refiero a la apuesta por una contribución fiscal justa y progresiva, que sea garantía de redistribución de la riqueza existente, respondiendo al ideal de un nuevo concepto de ciudadanía inclusiva, consolidado sobre criterios de participación, corresponsabilidad e igualdad.

El Concierto Económico debe ser un instrumento clave en la consecución de una nueva fiscalidad, diferente a la llevada cabo hasta la fecha, que tenga como ejes la creación de empleo estable, el fortalecimiento del sector público, la apuesta por la sostenibilidad y la conquista de la cohesión social. Para ello se hace imprescindible la aplicación de medidas contundentes contra el fraude fiscal, que alcanza aproximadamente el 15 por ciento de la recaudación, y se concentra fundamentalmente en el colectivo de personas que ejercen profesionales liberales, en las actividades empresariales, grandes capitales, dinero negro e IVA. Recuperar el Impuesto de Patrimonio en Bizkaia y Araba, negociando su armonización con Gipuzkoa, es otra tarea pendiente, junto al incremento del Impuesto de Sociedades hasta alcanzar nuevamente el 32,6 por ciento, supeditando toda bonificación fiscal al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes, a la generación de otros nuevos, a la inversión en I+D, al uso de energías no contaminantes y a la aplicación de buenas prácticas en seguridad y conciliación laborales.

Se debe aumentar, igualmente, en los tres Territorios Históricos la contribución de las rentas más altas y las grandes fortunas, así como el tipo de gravamen al que tributan las Sicav. Por lo que respecta al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), son muchas las voces que en el ámbito de la izquierda exigen una subida al 48 por ciento en su tasa más alta para aquellos ingresos superiores a 60.000 euros. El Concierto Económico habilita, asimismo, a las instituciones vascas para instaurar nuevas modalidades de contribución, entre las que destacan la “fiscalidad verde”, que consiste en gravar las actividades contaminantes y bonificar las prácticas sostenibles, y el abono de una tasa específica sobre las viviendas vacías, con el objetivo de incentivar el alquiler. La política fiscal de un país se conforma desde una posición ideológica clara, que esta vez no se corresponde con el llamado eje vasco-español, sino con el eje derecha-izquierda, que en Euskadi debe jugar un papel activo, consolidando con propuestas y hechos tangibles, una apuesta sincera por el socialismo, sin que ello impida que cada quien, desde su realidad, mantenga intactas sus reivindicaciones nacionales.

 Javier Madrazo Lavín