En defensa del alquiler social

En defensa del alquiler social. Javier Madrazo Lavín. Diciembre, 2010

El pasado 30 de noviembre el Gobierno vasco presentó públicamente el informe correspondiente al segundo seguimiento semestral del Calendario Legislativo 2009-2013, aprobado por el propio Ejecutivo hace un año. Soy consciente de las dificultades que conlleva la elaboración y la tramitación administrativa de un Proyecto de Ley, máxime si se impulsa desde una apuesta real por la participación ciudadana, pero siendo cierto lo anterior es justo exigir una autocrítica seria al Gobierno del PSE por la demora en el envío al Parlamento vasco de veinte iniciativas, muchas de ellas de gran calado político, económico y social.   

El retraso en la redacción del Proyecto de Ley Municipal puede ser, sin duda alguna, el más relevante de todos, aunque no lo es menos el Proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda en Euskadi, que el Gobierno del Lehendakari López se comprometió a remitir a la Cámara de Vitoria-Gasteiz en el cuarto trimestre de 2010. Entiendo que se trata de un documento complejo, que requiere tiempo, dedicación y consenso institucional y social; sin embargo, este hecho no debe ser utilizado como coartada para justificar un incumplimiento de esta naturaleza, básicamente porque el anterior Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales había dejado adelantada la tarea.

Es práctica común que cada Ejecutivo marque sus prioridades y no reconozca el trabajo llevado a cabo por sus predecesores, pero aún así resulta obvio que el Proyecto de Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna, elaborado en la legislatura 2005-2009, contiene importantes novedades y avances, que bien podrían haber sido un buen punto de partida para el actual Gobierno vasco. Lamentablemente, desde su acceso al poder, en virtud de un pacto de legislatura con el Partido Popular, el Gobierno del PSE se ha esforzado por desmontar uno a uno los  logros en materia de vivienda protegida, promovidos por Ezker Batua-Berdeak.   

Transcurrido más de año y medio de gestión, el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes no sólo no ha trasladado a la Cámara de Vitoria-Gasteiz el Proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda de Euskadi,  sino que tampoco ha sometido a debate en este foro el Plan Director de Vivienda 2010-2013. Desconocemos, por tanto, cuáles son las líneas estratégicas del Ejecutivo vasco en una materia clave para el desarrollo humano y social, aunque podemos deducir que éstas no son ambiciosas, en la medida en la que las partidas presupuestarias destinadas a este capítulo sufren aproximadamente un recorte del 11 por ciento en relación con los últimos ejercicios.     
 
Tengo la convicción de que la política de vivienda en Euskadi está más orientada a satisfacer el interés de los promotores y entidades financieras que a dar respuesta a las personas que demandan un lugar en el que poder vivir. El llamado “Pacto Social por la Vivienda” no contempla compromisos reales de los promotores con el alquiler y las entidades financieras abandonan los sistemas de colaboración público-privados operativos hasta la actualidad. Todo ello implica qua la opción del alquiler pierde fuerza y su impulso se limita a las instituciones, en un contexto marcado por la restricción de recursos económicos en la Administración.       

La articulación de alternativas para hacer frente a la crisis se gestiona desde el recorte de derechos a las personas más vulnerables, y la vivienda no iba a ser una excepción. El Gobierno vasco ha decidido recientemente incrementar en más de un diez por ciento el precio de la vivienda protegida en venta, medida que cierra aún más las puertas a quienes no pueden hacer frente, con empleos precarios y bajos salarios, a créditos hipotecarios al alza; en este escenario la única opción viable que le queda a este grupo es el alquiler social, mientras que la vivienda en régimen de propiedad se reserva para los segmentos de renta más altos de Etxebide. 

Consolidar un parque público de vivienda en alquiler exige un volumen de  financiación, que el Gobierno vasco no está dispuesto a abordar. No sé cuál será el contenido final del Proyecto de Ley de Vivienda, ni tan siquiera cuándo llegará al Parlamento vasco, pero me temo que no contemplará el derecho subjetivo a un lugar en el que poder vivir en alquiler porque no hay voluntad sincera de sentar las bases para liderar una política progresista en este campo. De hecho, dudo de que sea factible alcanzar la cifra de 35.000 viviendas protegidas en alquiler, objetivo  que ya figuraba en el texto normativo remitido a la Cámara de Gasteiz en 2008. 
 
La vivienda protegida en propiedad debe desaparecer definitivamente en pro del alquiler. Es un acto de justicia y una obligación de las instituciones avanzar en esta dirección si tenemos vocación de dar cobertura jurídica al derecho efectivo a una vivienda en alquiler. En el año 2001 el número de viviendas sociales arrendadas era de poco más de 700; ocho años después superaba las 19.000. Esta tónica de crecimiento ha quedado interrumpida con los nuevos gestores, más preocupados por primar la prioridad en el acceso a la propiedad que al alquiler, en coherencia con su apuesta de incrementar los ingresos requeridos para inscribirse en Etxebide.

La movilización de vivienda vacía, a través del Programa Bizigune, también está siendo ralentizada, obviando su papel tractor como elemento clave para dinamizar el mercado de alquiler social. La venta de suelo público sobre el que se ha edificado vivienda protegida incide en esta línea de renunciar a la intervención pública tendente a posibilitar a toda la ciudadanía, y especialmente a las personas más jóvenes, un lugar en el que iniciar un proyecto independiente de vida. Me temo que el Proyecto de Ley de Vivienda no estará tampoco listo en el cuarto trimestre de 2011, pero sí lo está, y esto es lo grave, no reconocerá el derecho subjetivo a la vivienda, que si contemplaba la propuesta aprobada por el anterior Gobierno vasco en 2008.