Enero 2007. EL Correo

En primer lugar, quiero  poner de manifiesto que comparto con José Manuel Farto parte de sus reflexiones, recogidas en un artículo publicado en este diario, en el que aborda, desde su punto de vista,  distintos aspectos relacionados con el acceso de todas las personas a un lugar en el que poder vivir. Evidentemente, también son muchos los aspectos en los que discrepo, y aludiré, por igual,  a unos y a otros, en lo que entiendo pude ser un análisis constructivo que, sin duda alguna, interesará a las lectoras y lectores de El Correo. Hablamos, como bien reconoce José Manuel Farto, de un tema -personalmente prefiero utilizar el término derecho- que se ha situado en el eje del debate político y social en Europa y, por supuesto, también en Euskadi.

Tiene razón José Manuel Farto, a mi juicio, cuando alude al impacto ambiental derivado de la construcción masiva o cuando señala que la sociedad vasca prefiere la propiedad frente al alquiler, al contrario de lo que ocurre en Europa. En Alemania, por ejemplo, el 57 por ciento del parque de viviendas existente está habitado por personas que han optado por el alquiler, sea público o privado; en Holanda el porcentaje se sitúa en el 47 por ciento, en Suecia en el 46 por ciento, en Austria en el 40 por ciento, en Francia en el 38 por ciento, en Dinamarca en el 36 por ciento,… Son datos para pensar sobre ellos, que obligan a un cambio importante de mentalidad, en el que las instituciones también tenemos un papel destacado que desempeñar.

En Euskadi, cuando Ezker Batua-Berdeak se incorporó al Gobierno vasco en el año 2001 sólo había 740 viviendas en alquiler social; hoy son más de 7.500 y en el año 2009 deberán superar las 19.000, incluidos el Programa Bizigune y los alojamientos dotacionales.   Otro dato significativo, recogido en la Encuesta Base sobre Necesidad de Vivienda en Euskadi, es el siguiente: en el año 1996 sólo el 9 por ciento de la ciudadanía vasca optaba por el alquiler mientras que en el año 2005 lo hacía ya un 24 por ciento.  Las nuevas generaciones están modificando sus hábitos en este sentido y buena prueba de ello es el número de personas inscritas en Etxebide que demandan en la actualidad vivienda en alquiler. El 40 por ciento de estas personas reclaman vivienda sólo en propiedad, el 36 por ciento indistintamente propiedad o alquiler  y el 24 por ciento sólo alquiler.

Es evidente, por tanto, que el alquiler gane apoyos entre las personas más jóvenes, y las instituciones y la sociedad no podemos permanecer ajenas a esta realidad. En ocasiones caemos en el error de atribuir a las nuevas generaciones nuestras costumbres y tradiciones, obviando las grandes transformaciones políticas y sociales que estamos viviendo. Basta con mirar a París, por ejemplo, para  tomar conciencia de la dimensión que ha alcanzado la movilización de los llamados “Hijos de Don Quijote”. Comparto, a este respecto, la apreciación de José Manuel Farto cuando califica como “perversión económica, social e ideológica” subvencionar con dinero de toda la ciudadanía el acceso a la propiedad de sólo una parte de la misma.  Argumenta el autor que ésta no es una política de izquierda, y está en lo cierto.
El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco discrepa de la política fiscal impuesta por las Diputaciones en el ámbito de la vivienda, y no somos los únicos; basta con recordar la resolución aprobada en el Parlamento vasco el pasado 27 de diciembre, con el voto favorable de todas las formaciones políticas, a excepción del PNV y el PP, en virtud de la cual se instaba al incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el supuesto de las viviendas vacías. Las instituciones competentes ya dijeron entonces que no, recurriendo a imputaciones tan manidas como son el populismo o la demagogia, ocultando así su incapacidad para plantear alternativas sobre las que discutir y pactar. Queda claro, por tanto,  que quienes incentivan la compra de vivienda en propiedad con apoyo fiscal y quienes afirmamos que las viviendas vacías son antisociales no somos ni las mismas personas ni las mismas instituciones. 

Otro aspecto que no puedo por menos que rechazar en el artículo escrito por José Manuel Farto es aquel que alude a la supuesta “peligrosidad” de cuestionar la propiedad privada “para conseguir alojamiento para las personas sin techo”.  La movilización de vivienda vacía que defendemos desde el Gobierno vasco no está pensada como una alternativa a la exclusión social. Hablamos de jóvenes, menores de 35 años en su mayoría, que tienen estudios, un empleo, una pareja estable, pero no pueden ni comprar ni alquilar un piso porque los precios del mercado libre son prohibitivos para salarios medios de 1.000 euros. No son, en ningún caso,  gente sin techo, como quieren hacernos creer.  Son hombres y mujeres que viven en casa de sus padres y madres, madrugan, van al trabajo, estudian, salen con sus amigas y amigos, viajan,… Hacen una vida plenamente normal en todos los aspectos, excepto en uno: no tienen un piso que les permita ser independientes.

Desde el Gobierno vasco promovemos viviendas protegidas, tasadas y de protección oficial; incentivamos el alquiler social y hemos sustituido la propiedad por el derecho a superficie por un plazo de 75 años. Todas las viviendas protegidas tienen calificación permanente,  no pueden venderse en el mercado libre,  y hemos iniciado una política de inspección para evitar el fraude, que nos permitirá en un plazo de dos años conocer una a una la situación de un parque de más de 50.000 pisos protegidos. A través del programa Bizigune hemos movilizado más de 3.000 viviendas y hemos firmado convenios para fomentar el alquiler social con Ayuntamientos y entidades financieras de nuestra Comunidad.  Como manifiesta José Manuel Farto esta política se sitúa entre las más avanzadas de España y por ello creo que debemos seguir en esta misma línea, mirando a países europeos que tienen una mayor tradición en este campo.

La Región Valona, en Bélgica, por ejemplo, dispone de una normativa referente a la vivienda, que incluye un capítulo específico denominado “De la lucha contra las viviendas vacías”. En este apartado se contemplan dos fases de actuación: una “amistosa” y otra “jurídica”.  El objetivo último es impulsar el alquiler.  Si la persona propietaria decide no ocupar la vivienda y se niega a ponerla en alquiler, pese a los requerimientos públicos,  en periodo de seis meses las instancias responsables pueden acudir al juzgado de paz competente  en el lugar en el que se encuentra la vivienda, en aras a la obtención de su gestión provisional y su posterior puesta en alquiler y mantenimiento. Francia, por su parte, grava con un 10 por ciento de su valor catastral la vivienda vacía el primer año, con un 12,5 el segundo y un con 15 el tercer. Holanda va aún más lejos y autoriza la ocupación de las viviendas que están vacías durante más de un año.
 

El canon sobre la vivienda vacía, por tanto, se corresponde con una política imperante en Europa y está directamente vinculado a una nueva revolución política y social que marcará el siglo XXI, y ésta no es otra que el reconocimiento de la tutela judicial de derechos recogidos en la Constitución pero cuyo ejercicio en la práctica no está garantizado. En el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco estamos abiertas y abiertos a todas las aportaciones que se puedan plantear, por críticas que sean, pero nos gustaría que nos presentasen propuestas concretas y no meras descalificaciones. Estamos haciendo un trabajo serio, medido, responsable, que  se podrá compartir o no, pero no se puede poner en tela de juicio que nuestros objetivos son legítimos porque responden  a una demanda social mayoritaria: acceder a una vivienda. 

 Javier Madrazo Lavín. Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco


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Quién soy

Nací en Riaño, Cantabria, el 12 de Agosto de 1960; cuando tenía un año de edad mis padres se trasladaron a Bilbao, y desde entonces vivo en el barrio de Rekalde. He sido parlamentario de Ezker Batua_Berdeak entre 1994 y 2001, y Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco entre 2001 y 2009. Ahora, trabajo como Profesor de Filosofía, Ética y Ciudadanía en un Instituto de Bilbao.

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