Diciembre 2006. Diario Vasco

El debate sobre el Proyecto de Ley de Memoria Histórica ha puesto de manifiesto que las heridas abiertas en el Estado español tras el alzamiento fascista de 1936 y cuarenta años de dictadura aún no están definitivamente cerradas. El Partido Popular no quiere asumir esta parte de nuestra historia más reciente, por considerarlo innecesario e irrelevante, y el PSOE, por su parte, se mueve con tanta cautela, que incluso se niega a proceder a la anulación de las sentencias dictadas por los consejos de guerra celebrados durante el franquismo, así como por las demás jurisdicciones especiales. Alemania ya dio este paso en 1998 al aprobar la Ley de Derogación de los Fallos Injustos en la época nazi.

En este contexto, cobran fuerza y sentido las reflexiones de Amnistía Internacional, organismo que considera que el citado Proyecto de Ley no contempla ni reconocimiento ni ampliación de derechos de las víctimas. Es verdad que el Gobierno Zapatero está dispuesto a que un Tribunal de Notables, a petición expresa de quienes padecieron la represión franquista o sus familias,  promueva una declaración moral que restituya su memoria.  Sin embargo, es igualmente cierto que esta actuación no tiene ningún valor jurídico y por tanto constituye un fraude para aquellos hombres y mujeres que sufrieron las consecuencias de la dictadura. 

Esta opinión es compartida por fuerzas tan distintas como IU-ICV, ERC, CiU y PNV,  que, sin duda alguna, harán valer su peso en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Memoria Histórica. El Gobierno Zapatero sabe que necesita el apoyo de estas formaciones políticas para poder aprobar esta iniciativa, y ello le obliga a dialogar, negociar y pactar. Superado el primer escollo -es decir el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por IU-ICV, ERC y PP- será en febrero del próximo año cuando el Proyecto de Ley de Memoria Histórica inicie su andadura real en el Congreso de los Diputados. 

Quiero creer que a partir de ese momento el Ejecutivo socialista sabrá mirar hacia adelante y comprenda que la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para ser efectivas tienen que avanzar hacia el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, acorde con el derecho internacional. Este camino ya lo han emprendido otros países, y entre ellos cabe destacar la República de Argentina que recientemente -en el año 2003 por iniciativa del Congreso Nacional y en el año 2005 con la ratificación de la Corte Suprema de Justicia- ha declarado nulas las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Esta medida tiene un objetivo claro: investigar los hechos acaecidos en Argentina bajo la dictadura militar entre los años 1976 y 1983,  identificar a las víctimas, a las personas responsables de la violación sistemática de los Derechos Humanos, hallar los cuerpos de quienes fueron asesinados y asesinadas, y localizar a los hijos e hijas arrebatados a sus progenitores. El Gobierno de Néstor Kirshner ha creado para ello una Secretaría de Derechos Humanos, y adscrita a la misma se ha constituido una Unidad Especial de Investigación, que tiene como tarea averiguar el destino de las personas desaparecidas en Argentina de nacionalidad española.      
  
Esta política sí implica una voluntad sincera de llegar hasta el final con todas sus consecuencias, y debe ser, salvadas las diferencias, un referente para nuestro caso. En este sentido, sorprende la propuesta del PSOE que, en el Artículo 25.3 del Proyecto de Ley de Memoria Histórica- insiste en preservar la identidad de “los autores u otras personas que intervinieron en los hechos o actuaciones jurídicas” en relación con la represión franquista. Amnistía internacional define esta realidad como “mecanismo de impunidad” y lo califica como “preocupante”.  Comparto lógicamente esta inquietud y por ello es tan importante que la propuesta del Gobierno Zapatero pueda ser modificada a partir de ahora en el Congreso de los Diputados.  

Desde el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco siempre hemos defendido que la responsabilidad última en la reparación a las víctimas de la represión es competencia del Estado. Las Comunidades autónomas podemos y debemos adoptar iniciativas específicas de resarcimiento económico y moral, y lo estamos haciendo.  En Euskadi, por ejemplo, se han aprobado dos decretos que han permitido indemnizar a más de 4.500 personas. Hoy, por fin, tenemos datos de más de 50.000 juicios a lo que se sometió a otros tantos hombres y mujeres del País Vasco.

Hemos rendido homenaje en Bilbao a todas nuestras víctimas; también en el campo de concentración de Gurs recordamos a quienes huyeron a Francia, escapando de las represalias de la dictadura. En Artxanda (Bizkaia) se ha erigido un monumento al Gudari;  en Hernani hemos honrado a las personas que allí fueron fusiladas; hemos reconocido, igualmente,  la labor del Primer Gobierno Vasco constituido en octubre de 1936. Ahora,  recuperamos en Donostia el recuerdo de Juan Astigarrabia, Consejero de aquel Gabinete, y con él a todas las personas que por sus ideas y convicciones padecieron persecución.

Son muchas actuaciones, sin duda alguna, pero la clave está en la asunción por parte del Gobierno del Estado de su responsabilidad en la investigación de los crímenes y violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario; las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales se incluyen en este capítulo.  El reto es obvio: conocer los hechos, las circunstancias en las que se produjeron y ofrecer a sus víctimas todos los recursos necesarios para obtener las reparaciones que merecen. El Ejecutivo socialista tiene que buscar alianzas en las fuerzas políticas que comparten estos principios, y no sucumbir ante las presiones del Partido Popular. 

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha reconocido no “tener muchas esperanzas” respecto a la tramitación en el Congreso de los Diputados de este Proyecto de Ley de Memoria Histórica.  Sus palabras son elocuentes: “imaginamos que se cambiarán algunos puntos -ha explicado- pero parece que si tocamos algo nos vamos a volver a matar”.  Podemos entender los miedos del PSOE, ante la campaña orquestada, entre otros,  por la Conferencia Episcopal, aludiendo a viejas heridas de la guerra civil, pero no podemos cerrar en falso nuestra historia más reciente. Este Proyecto de Ley tiene que recuperar la dignidad y la memoria, como afirma la vicepresidenta  Fernández de la Vega, pero para ello sólo hay un camino: la verdad y la justicia. 

 Javier Madrazo. Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco


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Quién soy

Nací en Riaño, Cantabria, el 12 de Agosto de 1960; cuando tenía un año de edad mis padres se trasladaron a Bilbao, y desde entonces vivo en el barrio de Rekalde. He sido parlamentario de Ezker Batua_Berdeak entre 1994 y 2001, y Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco entre 2001 y 2009. Ahora, trabajo como Profesor de Filosofía, Ética y Ciudadanía en un Instituto de Bilbao.

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