El Correo. Javier Madrazo Lavín Febrero 2011

En el mes de enero de 2010 recordaba en un artículo de opinión, publicado en estas mismas páginas, unas palabras de Andrea Bartoli, fundador del Centro Internacional de Resolución de Conflictos de la Universidad de Columbia, en las que este profesor, experto en procesos de superación de la violencia y miembro de la Comunidad de San Egidio, afirmaba, poco después del atentado perpetrado por ETA en Barajas hace ahora cuatro años, que “es preciso mantener siempre viva la esperanza en la paz”. Vivíamos entonces momentos de frustración e impotencia, tras la ruptura de una tregua y el fracaso de las conversaciones de Loiola, pero aún así había personas que en un contexto hostil creíamos que antes o después Euskadi podría avanzar en el camino hacia la convivencia, la reconciliación y la normalización política. Este tiempo, por fin, ha llegado. ETA anunció el pasado mes de enero una tregua permanente, general y verificable, considerada insuficiente por los Gobiernos español y vasco, aunque ambos son conscientes de su alcance. Ahora le ha tocado el turno a la izquierda abertzale y a su nueva marca política Sortu, que marca un punto de no retorno en un camino iniciado en noviembre 2009 con la presentación de la Declaración de Alsasua, en la que Batasuna asumía los principios Mitchell, que marcaron el proceso de paz en Irlanda. Entonces nadie pensaba que la izquierda abertzale pudiera suscribir unos estatutos contundentes contra la violencia de ETA, acorde con las exigencias de la ley de partidos. Afortunadamente, la apuesta de Batasuna era sincera y su liderazgo sobre ETA más real de lo que cabía esperar. Entiendo el escepticismo y la desconfianza que este paso ha generado en formaciones políticas y asociaciones de víctimas del terrorismo, que albergan dudas sobre las intenciones de fondo de este nuevo movimiento, que atribuyen a una estratagema para salvar los escollos legales y poder concurrir a las elecciones municipales y forales del próximo 22 de mayo. Tienen razón quienes afirman que no se pueden borrar cuarenta años de sufrimiento y dolor con una declaración de principios que mira al futuro, enterrando el pasado como si éste no hubiera existido. Sin embargo, siendo cierta esta reflexión, no lo es menos el deseo y la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, que aboga por avanzar hacia la pacificación definitiva, la normalización política y la reconciliación social. Sortu tiene pleno derecho a participar en los comicios que decidirán la composición de Ayuntamientos y Diputaciones porque esta formación cumple todos los requisitos legales para ello, Desde una óptica política se podrán cuestionar sus intenciones y discrepar de las mismas, pero desde una óptica judicial no hay argumentos sólidos que legitimen su ilegalización. Es obvio que Sortu bebe de las mismas fuentes que Batasuna y resultaría absurdo negar el nexo común entre ambas marcas y sus representantes. No obstante, este hecho no le resta ninguna credibilidad a su compromiso con las vías pacíficas y democráticas, ni tampoco invalida su respeto escrupuloso a la ley de partidos, que la izquierda abertzale asume en su integridad, sin ambigüedades, ni dobles lenguajes. Nuestra historia más reciente nos permite constatar la adhesión de la Monarquía, el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, y destacados dirigentes del Partido Popular, entre ellos su presidente Manuel Fraga, a la ley de Principios del Movimiento Nacional; este hecho, sin embargo, no les ha impedido después desempeñar un papel activo y preponderante en la transición, sin que nadie les haya juzgado, y menos aún inhabilitado, por su papel y protagonismo en la dictadura, de la que bien podrían ser considerados corresponsables o cooperadores. En este punto, es preciso apelar a la generosidad del estado de derecho y la ciudadanía en aras al logro de un bien común -la paz-, del mismo modo que es imprescindible también mantener viva la exigencia de verdad y reparación en el caso de las víctimas de ETA. La irrupción de Sortu en el panorama político vasco responde, en mi opinión, a la interiorización del agotamiento de la violencia terrorista, motivada, sin duda alguna, por la presión social y judicial, a la que se han sumado la eficacia policial y la cooperación internacional. La izquierda abertzale ha terminado por compartir con la sociedad vasca una concepción ética de los derechos humanos, que es incompatible con el silencio ante el asesinato, la amenaza y la extorsión. Tienen todavía mucho que aprender y queda un largo viaje por delante porque la paz, la normalización y la reconciliación son metas a largo plazo, no exentas de riesgos y dificultades. La más evidente ahora es la resolución del Tribunal Supremo sobre Sortu, pero quedan por desvelar otras incógnitas, muchas de ellas relevantes y complejas. Desconocemos cuál será la respuesta de ETA ante la reivindicación unánime de quienes le instamos a su desaparición; no son descartables tampoco disensiones en su seno, e incluso una escisión. La situación de las personas presas es un asunto pendiente, que puede lastrar la evolución de Sortu, en la medida en la que deberán dar una respuesta adecuada a un entorno especialmente sensible. La izquierda abertzale, aunque lo intente, no puede desligarse de su pasado, ni de su base social, habituada a un funcionamiento más asambleario que jerárquico. Ningún proceso de paz, normalización y reconciliación ha sido fácil, y éste no será una excepción. Comprendo el vértigo al nuevo escenario que se abre en Euskadi, pero no las miserias partidistas de quienes niegan la esperanzan y recelan de una democracia reforzada.


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Quién soy

Nací en Riaño, Cantabria, el 12 de Agosto de 1960; cuando tenía un año de edad mis padres se trasladaron a Bilbao, y desde entonces vivo en el barrio de Rekalde. He sido parlamentario de Ezker Batua_Berdeak entre 1994 y 2001, y Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco entre 2001 y 2009. Ahora, trabajo como Profesor de Filosofía, Ética y Ciudadanía en un Instituto de Bilbao.

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