Desde el periodo de transición de la dictadura a la democracia, el Estado ha contado con una régimen electoral, cuyos fundamentos están recogidos en la Constitución de 1978, regulados, a posteriori, mediante la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, que si bien ha registrado modificaciones puntuales se mantiene prácticamente inalterable en los últimos quince años, pese a las imperfecciones que se derivan de su aplicación en los ámbitos de la proporcionalidad y el principio de la igualdad de voto.

Esta situación ha sido objeto de debate permanente, promovido en gran medida por Izquierda Unida, organización política claramente penalizada por un modelo que presenta serias deficiencias, tanto en relación con la distribución de escaños por circunscripciones como en el capítulo referente a la atribución de escaños a las distintas candidaturas en función de los resultados obtenidos. Se trata, en consecuencia, de un sistema injusto, que una democracia consolidada ha de subsanar.

Las elecciones generales de 2008, en las que Izquierda Unida sumó sólo dos escaños con más de 960.000 votos, evidenciaron la urgencia de abordar una reforma de la Ley 5/1985, de 19 de Junio y forzaron al presidente Rodríguez Zapatero a comprometerse, en su discurso de investidura, a constituir una Ponencia en el Congreso de los Diputados para dar respuesta, por fin, a esta demanda. La voluntad, a priori, parecía sincera y el Gobierno del PSOE solicitó, ese mismo año, un informe al Consejo de Estado para evaluar las principales propuestas de modificación del régimen electoral.

En el mes de octubre de 2008 inició su andadura, en el marco de la Comisión Constitucional, la Ponencia tantas veces reivindicada por Izquierda Unida, con el reto, al menos eso creímos en un primer momento, de potenciar la participación ciudadana, fomentar el pluralismo político y actualizar, en definitiva, la legislación electoral, de cara a poder mejorar la calidad democrática de un modelo, que debe ser revisado en profundidad para corregir las desviaciones y carencias que impone su ejercicio.

Las conclusiones del estudio realizado por el Consejo de Estado, remitidas al Gobierno en 2009, establecen como límite el artículo 68 de la Constitución y determinan que el incremento en la igualdad de los votos y el respeto a la proporcionalidad se verían favorecidos aumentando en cincuenta personas el número de diputadas y diputados, reduciendo a un escaño la representación mínima por circunscripción, sustituyendo el método D,Hont por la fórmula Hare y habilitando una lista de restos a nivel estatal. Todas estas medidas tienen pleno encaje en la Carta Magna y una legitimidad avalada no sólo por el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, sino también por el derecho comparado, que toma como referencia otras realidades europeas de larga trayectoria democrática. No hay soporte jurídico, y menos aún ético, que pueda dar por bueno un sistema en el que un partido político, caso de Izquierda Unida, necesite prácticamente 500.000 sufragios para obtener un escaño y otros, PSOE y PP, por ejemplo, requieran poco más de 65.000 e incluso, en Soria, les basten 24.000.

El criterio expuesto por el Consejo de Estado permitió albergar esperanzas razonables en relación con una reforma en profundidad del régimen electoral, que permitiera superar las disfunciones detectadas, que posibilitan, en la actualidad, la sobrerrepresentación de PSOE y PP y la infrarrepresentación de Izquierda Unida. Aristóteles, en el siglo IV a.C. ya lo dijo bien claro: “La democracia surge de la idea de que si las personas son iguales en cualquier aspecto, lo son en todos”. Es decir, o todos los votos valen lo mismo, o bien nuestra democracia no merece este nombre. Por ello, me ha provocado tanto estupor como indignación la actitud de PSOE, PP, PNV y CiU, que han sumado sus votos en el Congreso de los Diputados para cerrar en falso el debate abierto en 2008 sobre la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio.

Tras dos años de reflexión, dictámenes y reuniones, estas cuatro formaciones políticas se han puesto de acuerdo, una vez más, en preservar sus cuotas de poder en detrimento de la profundización democrática, que se aplaza sine die. Es evidente que en este proceso hemos pecado de inocencia. PSOE, PP, PNV y CiU nunca han tenido en mente reformar de verdad el régimen electoral. Saben muy bien que, en caso de aplicarse las directrices del Consejo de Estado, Izquierda Unida tendría más fuerza y más voz, el bipartidismo que amparan Zapatero y Rajoy quedaría tocado y los nacionalismos catalán y vasco perderían margen de maniobra como fuerza bisagra en la gobernabilidad del Estado. Así, que han optado por dejar todo como estaba. Sólo cambiará la papeleta del Senado, en la que ya no figurarán los candidatos por orden alfabético, y se permitirá la sustitución de sus señorías cuando éstas se encuentren de baja por maternidad, paternidad o enfermedad.

¿Dónde queda el compromiso de Zapatero en su discurso de investidura? Es cierto que se formalizó la Ponencia anunciada, pero ahora hemos sabido que nacía ya sentenciada, en lo que constituye un engaño más del presidente del Gobierno. Nuestro sistema electoral vulnera, de hecho, el principio constitucional de igualdad de voto en lo que respecta a la distribución de escaños entre las circunscripciones, dado que en las provincias pequeñas se requiere un número de sufragios muy inferior al necesario en las más pobladas; pero, además, lo vulnera en lo que respecta a la atribución de actas en función de los resultados, debido a las primas que reciben los partidos más votados y a las penalizaciones que castigan a los menos votados.

El Tribunal Constitucional de Alemania, en una lectura mucho más progresista, comparte la visión de quienes entendemos que la igualdad de voto va más allá del derecho de sufragio, en la medida en que todas las papeletas han de tener el mismo peso en la obtención de representación. El Código de Buenas Prácticas en materia electoral, aprobado en 2002 por la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, diferencia también entre “igualdad en el derecho a voto” e “igualdad del poder de voto”. Toda una lección de democracia que PSOE, PP, PNV y CiU deben aprender.

Javier Madrazo Lavín
Bilbao, Marzo 2010


3 Responses to “DEMOCRACIA IMPERFECTA”


  1. 19/05/2010 en 9:02 pm

    En este tema, IU se queja en parte con razón pero creo que se exagera demasiado. Para empezar, la ley es igual para todos y a IU no la penalizan. Beneficia a los más votados e IU no lo es, y si lo fuera, IU saldría beneficiada como ha salido en provincias y alcaldías como Córdoba.

    Por otra parte, IU obtiene buenos resultados en elecciones supramunicipales en aquellos municipios que gobierna, por ello, tal vez podría centrar su estrategia en ganar apoyo municipal y poco a poco ir consolidándose en niveles superiores. IU ha conseguido alcaldías en toda España empleando esta fórmula incluso cuando, por ser la fuerza más votada, podría perjudicar en el reparto de ediles a PPSOE.

    Además, esto de quejarse por la ley electoral es derrotista. Y lo digo porque si IU representa la “izquierda transformadora”, en caso de llegar a la Moncloa necesitará una mayoría fuerte que pueda permitirle llevar a cabo cambios de calado. Sin embargo, IU está mucho más preocupada porque le roban las migajas que por cómo llegar a panadero. Ese sí es el verdadero problema, el problema de las expectativas y de un proyecto en el que parece no creen ni sus impulsores.

    • 20/05/2010 en 10:00 pm

      Lo vistas como lo vistas esta ley electoral es una aberración democrática y un insulto a la inteligencia.Mientras no se modifique no se puede hablar con propiedad de democracia con mayúsculas en España.Abrazos javi


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Quién soy

Nací en Riaño, Cantabria, el 12 de Agosto de 1960; cuando tenía un año de edad mis padres se trasladaron a Bilbao, y desde entonces vivo en el barrio de Rekalde. He sido parlamentario de Ezker Batua_Berdeak entre 1994 y 2001, y Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco entre 2001 y 2009. Ahora, trabajo como Profesor de Filosofía, Ética y Ciudadanía en un Instituto de Bilbao.

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